La Ley Concursal, atrapada en su propio laberinto.

Si hay una Ley en nuestro ordenamiento jurídico que ha sufrido un gran número de reformas, hasta 28 concretamente, esa es la Ley Concursal. Una normativa fundamental para que una sociedad deudora e insolvente, satisfaga de forma ordenada los derechos de sus acreedores, bien liquidándose o bien manteniendo su viabilidad tras alcanzar un plan pagos con los mismos.


Desde su nacimiento, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha sido sometida a distintas modificaciones intentando amoldarse a los tiempos, a las crisis económicas, a la cohesión con otras normativas que la relacionaban y también a la corrección de sus propias lagunas, donde la propia la jurisprudencia ha tenido que salir en ayuda de situaciones contradictorias que dejaba abiertas.


Esa es la razón fundamental por la que parece que, ya por fin, el Gobierno va a aprobar un nuevo texto refundido de Ley Concursal, pasando de 242 a 752 artículos en un nuevo cuerpo legal que vendrá a clarificar el ya de por sí complejo procedimiento concursal.


Pero con lo que no contaban los operadores jurídicos, ni el propio Gobierno, es la llegada de la pandemia de COVID-19. Los indicadores que se muestran en todas las previsiones son demoledoras para la economía. Las del Ejecutivo, por ejemplo, para este año 2.020: caída del PIB en 9,2%, tasa de desempleo en el 19%, déficit en el 10,34%, deuda pública elevada al 125%...


Este escenario ha hecho que el Gobierno, en estos casi dos meses de Estado de Alarma, haya tenido que “legislar” a golpe de Decretos en el Consejo de Ministros.

Y cómo no, la Ley Concursal, junto a otras normas, no ha sido ajena a una serie de suspensiones de plazos y modificaciones en su articulado, que a pesar del carácter transitorio de las medidas, van a traer importantes consecuencias. Porque en lo que coincidimos todos es que se avecina una oleada de concursos de acreedores. Las insolvencias empresariales serán protagonistas desgraciadamente. Y la pregunta será, ¿estas modificaciones sustanciales que se han aprobado serán eficaces en el objetivo de intentar parar la sangría empresarial que ya se está produciendo?


Va a ser difícil, sin duda. Cojan y lean el Real Decreto 463/2020 y los Reales Decreto-Ley 8/2020; 11/2020 y el reciente 16/2020.

Respecto a este último, algunas consideraciones:


- Se da la posibilidad de, en caso de incumplimiento del Convenio con los acreedores, el deudor pueda plantear una propuesta de modificación del mismo, con preferencia sobre las solicitudes de incumplimiento de los acreedores. ¿Se puede evitar la así agonía?


- En relación con lo anterior, el deudor puede aplazar el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación, al incumplir el convenio, pero nada parece impedir, contradictoriamente, que los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial puedan iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía.


- El deudor puede prorrogar, en cualquier caso, a 31 de diciembre de 2.020, el deber de solicitar el concurso, hoy dos meses desde que conoce su insolvencia, pudiendo agravar seriamente la agonía de la sociedad deudora y de algunos de sus acreedores que sufren un enorme perjuicio, y fruto de ello, pueden caer también al pozo de la insolvencia. Ya no digamos si entre ellos se encuentran trabajadores.


- Para fomentar la liquidez de las empresas deudoras se calificarán como crédito ordinario aquellas inyecciones de tesorería en forma de fresh money que realicen personas que tenga la condición de especialmente relacionada con el deudor, en los concursos que se declaren en los dos años siguientes a la declaración de Estado de Alarma. Con la que está cayendo ya ¿quién puede ponerse a disposición de esto sabiendo la realidad y del tiempo de cobro de los créditos ordinarios?


- En definitiva, Se amplían y suspenden plazos con contradicciones, parece que encaminadas en favorecer la situación del deudor insolvente y que pueda mantener sus unidades productivas, pero en algunos casos no parecen que sean soluciones y en otros se puede perjudicar gravemente a los acreedores. Si se amplían plazos por un lado, ¿por qué no se amplían otros, por ejemplo, el que atañe a la acción rescisoria concursal cuando se pueda reintegrar a la masa activa de la sociedad el patrimonio de actos perjudiciales realizado por los administradores? Hoy se computa los 2 años anteriores a la declaración del concurso, parece con las medidas aprobadas, será tiempo insuficiente.

Sería imprescindible no desvestir un santo para vestir a otro, porque al final pierden todos. La ansiada nueva Ley Concursal nacerá en un momento de convulsión económica. Y mucho me temo que a pesar del enorme esfuerzo de cohesión realizado, el contexto que nos tocará vivir junto a estas nuevas medidas aprobadas, harán que los tribunales sigan siendo protagonistas en la aplicación de la nueva Ley.

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